Polémica por una nueva ley israelí sobre la pena de muerte.
El Parlamento israelí aprobó una ley que habilita la pena de muerte para palestinos, generando condena internacional por discriminación.
📅 06/04/2026
✍️ Por Delfina Marquez Izurrieta, estudiante de Relaciones Exteriores/Internacionales de la Universidad de San Andrés
El pasado 30 de marzo de 2026, La Knesset, el órgano unicameral del poder legislativo de Israel, aprobó con 62 votos a favor y 48 en contra una nueva ley que autoriza la pena de muerte por ahorcamiento solamente para palestinos responsables de asesinatos considerados estatalmente como actos de terrorismo. Esta ley establece un doble sistema, donde los tribunales militares dan la pena por defecto, mientras que en tribunales civiles se excluirán terroristas israelíes. La ONU, la Unión Europea y diversos países condenaron la medida por violar el derecho a la vida y por ser un sistema de apartheid, es decir, una política o sistema de segregación racil o discriminación. La ley no se aplicará de forma inmediata, ya que el Tribunal Supremo de Israel está revisando peticiones de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones de derechos humanos. La controversia se agrava por aplicarse también al territorio de Cisjordania, zona bajo ocupación militar donde la ley se aplicará igual, aunque no pertenezca jurídicamente al Estado israelí.
El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha sido el promotor principal de esta nueva ley de pena de muerte, generando una fuerte indignación internacional por gestos provocadores, como el uso de un pin con forma de soga en su solapa durante las sesiones del organismo y el brindis con el que celebró la aprobación de la normativa junto a otros legisladores. Entre lo denunciado por las organizaciones también se han registrado evidencias de que el ejército israelí utiliza a civiles palestinos como escudos humanos en túneles y edificios. También hay denuncias graves de tortura sistemática y violencia sexual en centros de detención. La destrucción masiva de tierras agrícolas y contaminación del agua también son consideradas como un daño ambiental duradero que expertos ambientales piden investigar como ecocidio, destrucción masiva, grave y duradera de ecosistemas.
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